El bloqueo de PP, Vox, UPN y Junts a la reducción de jornada supone un golpe contra los anhelos y deseo de la inmensa mayoría de la ciudadanía y en concreto, a la clase trabajadora.
El veto de PP, Vox, UPN y Junts ha impedido que el Congreso de los Diputados haya debatido el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, fruto del acuerdo de diálogo social entre Gobierno y sindicatos. Las formaciones de derecha y extrema derecha han negado el debate democrático y han sucumbido a la presión e intereses de la patronal, frenando una medida que beneficiaría a 12,5 millones de trabajadores.
Para CCOO, esta decisión constituye no solo un “fraude democrático”, al impedir que la mayoría parlamentaria pudiera debatir y mejorar el proyecto, sino también supone el empobrecimiento de la democracia en un intento por silenciar a la mayoría social que respalda esta medida, y que representa a más de 75% de las personas trabajadoras.
Tras el veto parlamentario, el secretario general de CCOO ha exigido al Gobierno que retome el proyecto de ley sobre reducción del tiempo de trabajo para que cada fuerza política se retrate frente a la ciudadanía, demostrando si defienden la vida de 12 millones de trabajadores/trabajadoras o los intereses de la patronal.
CCOO recuerda que el proyecto de ley no solo establecía la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario, sino que incluía dos avances cruciales para la modernización de nuestras relaciones laborales; el derecho a la desconexión digital y el registro horario digital. Dos medidas que, por un lado, garantizan el descanso, la conciliación, el ocio y la salud mental de las personas, y, por otro, permiten un registro horario digital, no manipulable y con acceso remoto a la Inspección de Trabajo y la representación legal de las personas trabajadoras. Estas medidas son muy importantes en un país donde cada semana se hacen 2,6 milllones de horas extras, que ni se pagan ni se cotizan para evitar el impago de millones de horas extras semanales.
Además, no es solo una demanda sindical: es una obligación legal europea. Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE han establecido con absoluta claridad que los Estados miembros están obligados a garantizar un registro horario que cumpla con los estándares de la Unión.
UGT y CCOO van a intensificar la movilización, en cada centro de trabajo, empresa a empresa, sector a sector y territorio a territorio. No vamos a parar hasta que las 37,5 horas sean una realidad, y seguiremos avanzando hacia una jornada aún menor.



